Los hechos denunciados, según el mismo texto, "prima facie
son constitutivos del delito previsto y reprimido por el art. 194
del Código Penal", al constituir "una violación de los principios
que emanan" de la ley 26.741, de Soberanía Hidrocarburífera.
Ello, agrega, "sin perjuicio de la distinta calificación
legal que pudiera atribuirse a los hechos denunciados, conforme
surja de la investigación que por la presente se promueve".
"En tal sentido, se solicita que mediante la pertinente
pesquisa se determine si los hechos en cuestión constituyen delito
y se identifique a sus responsables, bajo las modalidades de
autoría y/o participación que correspondan", expresa la denuncia.
En cuanto a los hechos reprochados, el escrito afirma que
durante el paro del Sindicato de Camioneros los empresarios
denunciados "cortaron toda comunicación" con funcionarios
ministeriales, que los llamaban por teléfono "con el fin de
concretar lo comprometido" para asegurar el abastecimiento de
combustible.
Respecto de "lo acordado y comprometido", además de la
obligación "normal y habitual" de garantizar ese abastecimiento, el
escrito afirma que debían "poner a disposición los camiones
necesarios que serían operados por personal del Estado".
Esto último "no pudo llevarse a cabo por la repentina y
extraña `desaparición` de los dirigentes en cuestión, quienes de
ese modo actuaron de modo funcional al paro de actividades" de
camioneros, causando "un estado de virtual desabastecimiento de
combustible".
El artículo 194 del Código Penal contempla penas de prisión
de tres meses a dos años para quien, "sin crear una situación de
peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal
funcionamiento" de transportes o servicios públicos, incluida la
provisión de "sustancias energéticas".
En cuanto a la ley 26.741, su artículo 1 declara de "interés
público y como objetivo prioritario de la República Argentina" a la
distribución y comercialización de combustible, y su artículo 3
establece los principios de la política para el sector.