Más de cinco mil manifestantes, convocados por la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces))y la universitaria
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), se congregaron
a la mañana en la Plaza Italia de Santiago con intención de
movilizarse hasta la Plaza de Los Héroes por La Alameda, la
principal vía de la capital chilena, recorrido que no había sido
autorizado por la Intendencia Metropolitana.
La marcha fue frustrada desde el primer momento por el
accionar de las fuerzas especiales de Carabineros que dispersaron a
los jóvenes con gases lacrimógenos y camiones lanzaaguas, represión
que obligó a los estudiantes a replegarse en Parque Bustamante y
concretar allí la protesta, según reportaron los diarios El
Mercurio, La Nación, La Tercera y Radio Cooperativa.
No obstante, en las inmediaciones, encapuchados que suelen
aprovechar las marchas estudiantiles para provocar desmanes
incendiaron tres colectivos del sistema público de transporte
Transantiago, lanzaron piedras contra la sede de la Asociación
Chilena de Seguridad y otra propiedad aledaña y provocaron
destrozos en el edificio de Telefónica, en Plaza Italia.
El caos se trasladó también a la sede de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), donde los
carabineros lanzaron gases lacrimógenos.
El gobierno de Sebastián Piñera, al que los estudiantes
vienen reclamando desde hace más de un año un sistema educativo
gratuito y de calidad, responsabilizó por los hechos a los
dirigentes estudiantiles que convocaron la movilización y anunció
que la Intendencia Metropolitana interpondrá querellas en las
próximas horas.
En una declaración a la prensa, el vocero de Gobierno, Andrés
Chadwick, sostuvo que "los dirigentes que convocan estas marchas
ilegales saben los efectos que van a producir. Ellos saben que se
van a producir todo tipo de hechos violentos, alteraciones y falta
de respeto hacia las personas que trabajan", por lo que "ellos no
pueden eximirse de la responsabilidad que tienen".
"Vamos a actuar con todo el rigor de la ley, a través de
Carabineros y llevar a los violentistas a los Tribunales de
Justicia para aplicar la ley que corresponde", anunció Chadwick.
Los estudiantes habían solicitado autorización para marchar
desde Plaza Italia hasta Los Héroes por La Alameda pero la
Intendencia les ofreció otros dos recorridos rechazados por los
organizadores.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Católica, Noam Titelman, calificó como "un error de la
Intendencia" no haber autorizado la marcha, ya que las
manifestaciones más pacíficas son las que contaron con la venia de
las autoridades.
La vocera de la Aces, Eloísa González, denunció que "hay
infiltrados de Carabineros, hay intenciones de interferir las
manifestaciones y de tratar de coartar el libre albedrío de los
estudiantes", por lo que apuntó a que la quema de los colectivos
pudo ser "un montaje".
"No tenemos claridad de quiénes son los encapuchados y cómo
han transcurrido estos hechos de violencia. Me preocupa mucho la
actitud por parte del Gobierno de querer individualizar, de querer
armar montajes, de querer desenfocar los movimientos estudiantiles
y sociales", agregó.
El presidente de la Fech, Gabriel Boric, criticó la acción
policial y endilgó la situación de violencia a "la indolencia y el
silencio del gobierno frente a las propuestas del movimiento
estudiantil" que "siempre buscó todas las maneras de diálogo
posible".
Desde que las continuas protestas del movimiento estudiantil
contribuyeron a deteriorar su popularidad, Piñera y su gabinete
buscaron cambios en la educación, que incluye un proyecto de
Reforma Tributaria para inyectar más recursos al área, pero sin
atender la principal demanda de los estudiantes: la gratuidad del
sistema.
Boric apuntó especialmente al ministro de Educación, Harald
Beyer, que "ninguneó sistemáticamente al movimiento estudiantil, no
escuchó nuestras propuestas y sacó adelante sus propuestas sin
siquiera convocarnos".
"Esta marcha no la autorizó la Intendencia y era evidente lo
que iba a pasar, me parece terrible lo que está pasando porque el
gobierno no ha dado respuestas a los planteamientos de los
estudiantes. Hicimos un emplazamiento a los 120 diputados, les
entregamos una carta a los 38 senadores, al Presidente de la
República, y lo único que recibimos por parte del gobierno fue una
carta que dice acuso de recibo", concluyó el líder de la Fech.
En Chile, las universidades públicas son pagas y los alumnos
deben endeudarse por años con créditos dado el nivel de ingreso del
promedio de las familias.
Por otra parte, los establecimientos privados están
fuertemente cuestionados por las denuncias de que sus directivos,
en connivencia con funcionarios, no cumplen el requisito
establecido por ley de que no pueden tener lucro.